Los programas de recolección y destrucción de armas pequeñas y livianas se diseñaron para que dejen de circular en las sociedades, alimentando la violencia armada, prolongando los conflictos y potenciando el crimen. Estos programas incluyen la destrucción de los stocks de armas sobrantes, sacarlas de circulación para construir la paz y prevenir el crimen. Estas iniciativas de desarme sirven para reducir el número de muertes, accidentes y lesiones, reforzar la idea de la relación que existe entre las armas y la violencia, reducir el número de armas disponibles para los delincuentes, aumentar el precio de las armas de fuego en el mercado negro y prevenir una proliferación más extendida.

Una amplia variedad de programas de recolección han sido desarrollados en los últimos años en distintas regiones del mundo con el propósito de recatar armas pequeñas y ligeras. Son a menudo parte de un armazón más grande de prevención del crimen. El objetivo ha sido acotar la disponibilidad de armas y así reducir los altos niveles de violencia social y delitos. Estas recolecciones han tenido mucho éxito, potenciado el conocimiento del público sobre el problema de las armas pequeñas, promoviendo la discusión pública y la participación ciudadana en la aplicación de soluciones.

Una vez que las armas son reunidas, es fundamental asegurarse que no regresen a la sociedad y puedan caer en manos de delincuentes o vulnerar la paz en sociedades que están surgiendo de conflictos (en tiempos de paz frágil, la fácil disponibilidad de armas ligeras ha afectado las negociaciones y contribuido a que continúen las hostilidades). Además, como se ha visto en muchos países en post-conflicto, si las armas no son sacadas de circulación terminan generando una escalada de violencia criminal tirando por tierra los esfuerzos par construir la paz social. De ahí el énfasis puesto en destruir públicamente las armas para simbolizar el fin del conflicto.

Usando una mezcla de incentivos como dinero, materiales de construcción o capacitación profesional y trabajando junto con sectores empresarios y de la sociedad civil, los gobiernos deben recuperar las armas en manos de la gente y darles un destino seguro, preferentemente la destrucción.

Las armas descartadas por las fuerzas de seguridad, secuestradas y decomisadas, también deben ser almacenadas de manera muy segura por los gobiernos. En algunos casos pueden reincorporarse a la sociedad por culpa de robos o actos de corrupción. Incluso en algunos lugares donde los depósitos son lo suficientemente confiables, los gobiernos han decidido destruirlas para asegurar la seguridad pública y la estabilidad política.